El asesinato de Miguel Ramos el 3 de julio enfoca muchos aspectos de la actual crisis en Nicaragua relacionados con reclamos conflictivos alrededor del tema de la legitimidad, que toca asuntos fundamentales de los derechos civiles y políticos y los derechos sociales y económicos. Como combatiente adolescente en 1978 y 1979, en el Frente Norte Carlos Fonseca Amador, Miguel peleó por la independencia soberana de Nicaragua. Ayer fue acribillado por activistas opositores que apoyan el golpe de estado patrocinado por los Estados Unidos en contra del gobierno Sandinista del Presidente Daniel Ortega. Miguel participaba en un grupo de civiles que apoyaban a las autoridades para quitar un tranque de la oposición que bloqueaba la libre movilización de la población en La Trinidad en la Carretera Panamericana a unos 20km al sur de la ciudad de Estelí.

El día anterior, 3 de julio , Carlos Ascencio, el embajador de El Salvador en Nicaragua, publicó una carta, como representante de todos los países centroamericanos con representación diplomática en Nicaragua, en que llamó a quitar todos los tranques que impiden la libre circulación del comercio centroamericano. Su carta corrobora de manera independiente la violenta intimidación y extorsión practicada por las bandas opositores que han mantenido los tranques en Nicaragua durante más de dos meses para así estrangular la economía del país en permanente violación de los derechos básicos del la población. Ascencio denunció la efectiva detención ilegal de unos 400 transportistas y sus vehículos cerca de la ciudad de Jinotepe durante más de un mes. Los transportistas, procedentes de diferentes partes de toda América Central, han sido amenazados y sus vehículos han sido dañados. Los activistas opositores que operan los tranques rehusan liberar los furgones y sus conductores porque dicen que son su "escudo de protección y carta de negociación frente sus demandas en el diálogo".

Este es solamente uno entre los innumerables flagrantes abusos de los derechos humanos de parte de las fuerzas opositores derechistas que promueven el intento de golpe de estado en Nicaragua. Durante dos meses, los tranques operados por paramilitares de la oposición y sicarios pagados han sido focos de asesinatos, tortura, secuestro, intimidación, extorsión y delincuencia criminal. Como parte fundamental de la guerra psicológica a nivel nacional e internacional, las y los simpatizantes del intento de golpe invierten esa realidad y culpan al gobierno por toda la violencia. En su mundo al revés, las y los ciudadanos  que de manera cívica se organizan en apoyo a las autoridades para defender los derechos fundamentales de sus comunidades contra las bandas armadas delincuenciales de la oposición se transforman en "paramilitares Sandinistas".

En el caso de Miguel Ramos, los medios y activistas de la oposición ya han distorsionado el incidente en que él murió. Ellos alegan falsamente que fue un ataque de paramilitares del gobierno contra manifestantes pacíficos. Seguramente, igual que han hecho en tantos casos más, han añadido el asesinato de Miguel a la lista de los fallecidos suyos a pesar de haberlo asesinado ellos mismos. Existe documentación y pruebas audio-visuales abundantes ahora que desmienten categóricamente las interminables mentiras de los medios locales de la oposición y las organizaciones opositores de derechos humanos, todas financiadas por el gobierno de los Estados Unidos y sus fundaciones satélites. La lista de 55 muertos originalmente citado por la oposición y proclamado con tanto teatro el día de la inauguración del Diálogo Nacional ha sido completamente desacreditado. Nunca hubo "un masacre de estudiantes"

Otro material revela la descarada manipulación por los medios y ONGs opositores de sus marchas de protesta y los muertos de mujeres durante la crisis. Numerosos videos demuestran la sádica violencia de las y los activistas opositores. Varios escritores como Alex Anfruns han explicado el patrón sistemático de la distorsión mediática y la manipulación de los ataques y abusos de la oposición que los medios opositores falsamente reportan como acciones del gobierno. Sin embargo, ningún medio corporativo occidental y solamente un reducido puñado de medios alternativos han publicado este material ni alguna otra versión que denuncia el demostrable falso testimonio de parte de Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Igual que en el caso de Venezuela, estas organizaciones no han investigado de manera imparcial ninguna de los incidentes sobre que reportan. Han meramente reciclado las versiones alistadas para ellas por los medios y ONGs locales financiadas por Estados Unidos. Han ignorado o rechazado sin justificación la documentación presentada por las autoridades nicaragüenses. De hecho, el Director del CIDH, Paulo Abrao, se descalificó como árbitro neutral cuando él públicamente declaró su apoyo a la oposición durante una visita a Nicaragua el pasado mes de mayo. El proceso investigativo acompañado por un grupo de expertos de la CIDH ni había empezado cuando, el pasado 22 de junio, a CIDH presentó un informe final al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.

El gobierno ha aceptado estas descaradas irregularidades de parte de la CIDH y el evidente sesgo político de la OEA, quizás como el precio a pagar para evitar, aunque sea por el momento, el tipo de despiadado asalto económico y diplomático aplicado a Cuba y Venezuela. De su parte, la Comisión por la Verdad, Justicia y Paz establecido por la Asamblea Nacional en Nicaragua ha buscado activamente intercambiar información con las organizaciones de derechos humanos de la oposición, todas financiadas por los Estados Unidos y sus aliados. Como ha explicado el Dr. Cairo Amador, miembro de la Comisión por la Verdad, Justicia y Paz, "se trata de dar cada uno sus datos y de dar cada uno su versión, y la verdad la construimos tod@s al final,"

Pero, como lo ha indicado el alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela, las afectaciones provocadas por el intento de golpe son mucho más amplias que las violaciones de los derechos civiles y políticos "Definitivamente los daños si podemos clasificarlos en una hierarquía, lo primero son los daños y los víctimas humanas que todos los sentimos. Y en segundo lugar, que tiene que ver mucho con la economía y con las libertades de las personas, esos tranques que no te permiten movilizarte libremente han afectado la movilidad, han afectado el empleo. La movilización de mercancía, los productos de la exportación y la movilización de estas mercancías han tenido pérdidas enormes. El turismo ha sido golpeado a nivel nacional y a nivel local y los pequeños negocios. La mayoría de los negocios en Nicaragua son pequeños y medianos y han sido golpeados fuertemente, han cerrado muchos negocios, hay mucha gente en desempleo."

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ivan Acosta ha confirmado que "Las proyecciones de crecimiento de la economía era de un 4.5% y 5%, y hoy estamos diciendo que la economía no crece. Hay una pérdida real de 200 mil empleos, lo cual impactará en la seguridad social, impactará en el comercio, la demanda doméstica y crecimiento real de la actividad". Las autoridades municipales en Nicaragua reportan pérdidas y daños a vehículos, maquinaria y equipos valorados en más de US$10 millones y daños a edificios e infraestructura valorados en más de US$112 millones. El insituto de capacitación ténológica INATEC reporta pérdidas y daños de US$80 millones. El Ministerio de Educación reporta más de 60 escuelas atacados y dañados. Un informe preliminar del Ministerio de Salud reportó más de 55 ambulancias dañadas o destruidas en ataques de las bandas de la oposición. El Ministerio de Transporte e Infraestructura también reporta pérdidas extensivas, por ejemplo en un solo ataque en Sébaco activistas opositores causaron daños a maquinaria y planta valorados en US$1.5 millones.

Nada de este extraordinario nivel de extrema violencia y destrucción aparece en los informes de Amnistía Internacional o de la CIDH, ni tampoco la violación de los derechos básicos de las y los trabajadores del gobierno o de la población afectada. De la misma manera, ni aquellas organizaciones, ni los medios occidentales han reportado el papel de criminales contratados para mantener los tranques de la oposición y hacer ataques y asaltos. A inicios de junio, la policía arrestaron al delincuente Cristian Mendoza, jefe de una banda criminal que operaba desde la base de opositores en la Universidad Politécnica en Managua. El 30 de junio, la policía nicaragüense arrestaron un notorio dirigente de la mara salvadoreña Óscar Rivas Carrillo, quien confirmó que él y otros criminales han sido pagados a operar los tranques, organizar asesinatos, quemar edificios y atacar blancos económicos. Rivas Carrillo y otros criminales han trabajado en conjunto con activistas de la oposición apoyados por la empresa privada derechista, ONGs financiados por los Estados Unidos, por partidos políticos de la derecha y por la Iglesia Católica..

De la manera más obvia, Amnistía Internacional y la CIDH han encubierto esa realidad con la deliberada intención de despistar la opinión internacional, explotando de esa manera su espurio imagen como independientes defensores de los derechos humanos, igual que han hecho en relación a Cuba y Venezuela. Aun así, a pesar de toda la violencia extrema y la desvergonzada deshonestidad de sus simpatizantes y apologistas, el derechista intento de golpe, apoyado por los Estados Unidos, contra Presidente Daniel Ortega ha fallado.La población de Nicaragua apoya de manera abrumadora un retorno a la normalidad y una solución política a la crisis provocada. Las autoridades nicaragüenses tolerarán el teatro de la CIDH unos meses más hasta que eventualmente el circo de la OEA levanta el campamento para trasladarse a su próxima actuación. Las y los dirigentes derrotados quisieron imponer su golpe, fallaron por falta de apoyo popular y ahora tendrán que aceptar lo que el gobierno Sandinista decide acordar como el poder soberano en Nicaragua. El supremo sacrificio de Miguel Ramos no fue en vano.